La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, solicitó formalmente una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para abordar las repercusiones de un reciente operativo en la Sierra Tarahumara. La urgencia de la reunión surge tras el desmantelamiento de un megashort de metanfetaminas y el posterior accidente automovilístico donde perdieron la vida dos funcionarios mexicanos y dos ciudadanos estadounidenses, identificados preliminarmente como agentes de la CIA.
Durante la Conferencia Internacional de Minería, Campos Galván expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas y calificó el operativo como un éxito histórico contra la producción de drogas sintéticas. No obstante, el incidente ha escalado al terreno diplomático debido a la naturaleza de los fallecidos estadounidenses. Según versiones oficiales del estado, los agentes sufrieron un percance al caer a un barranco mientras se trasladaban en una caravana oficial tras realizar labores de capacitación en la zona.
La presencia de los agentes extranjeros ha generado posturas encontradas en el Gobierno Federal. La presidenta Sheinbaum advirtió en su conferencia matutina que se realizará una investigación exhaustiva para determinar si la actuación de los estadounidenses rebasó el marco legal mexicano. La mandataria enfatizó que las operaciones conjuntas en territorio nacional no están permitidas, limitándose la colaboración únicamente al intercambio de inteligencia bajo estrictos protocolos de soberanía.
En el Senado de la República, la controversia ha tomado tintes legislativos. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, planteó la posibilidad de citar a comparecer a la gobernadora y al fiscal de Chihuahua para esclarecer por qué no se informó a la Federación sobre la participación o presencia de agentes extranjeros en una zona de conflicto. La Ley de Seguridad Nacional obliga a los estados a reportar cualquier vinculación con agencias de otros países en tareas de seguridad pública.
Por su parte, la defensa de la administración estatal sostiene que los agentes se encontraban en la región impartiendo instrucción sobre el uso de drones y que su traslado en la caravana fue una medida de apoyo logístico. Mientras los cuerpos de los ciudadanos estadounidenses permanecen bajo resguardo consular en Ciudad Juárez, el caso pone bajo la lupa los convenios de colaboración estatal con agencias como la CIA y la DEA.
