La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el organismo Alimentación para el Bienestar condenaron enérgicamente el incendio provocado en sus almacenes de la colonia La Escondida, en Zacatecas. Las autoridades federales atribuyeron la responsabilidad de estos actos violentos a un grupo de productores de frijol, presuntamente dirigidos por líderes locales con vínculos políticos en la entidad. El incidente ha sido catalogado como un atentado directo contra el patrimonio público y los programas de apoyo social.
De acuerdo con el reporte oficial, las pérdidas económicas preliminares superan los 6 millones de pesos únicamente en mercancía destinada al Programa de Abasto Rural. A esta cifra se deberán sumar los daños estructurales al inmueble y al mobiliario, los cuales son propiedad federal. El incendio no solo afectó el almacenamiento de granos, sino que también alcanzó una bodega de uso compartido con Leche para el Bienestar, lo que obliga a las autoridades a realizar un inventario exhaustivo de los insumos rescatables.
El conflicto escaló cuando los manifestantes utilizaron la quema de llantas para bloquear los accesos a las instalaciones, impidiendo inicialmente la operación logística antes de que las llamas se extendieran a los edificios principales. A pesar de la gravedad del siniestro, el gobierno federal confirmó que los activos cuentan con seguros vigentes. No obstante, recalcaron que la afectación real impacta a la población más vulnerable que depende de las Tiendas Bienestar para su alimentación.
Alimentación para el Bienestar anunció que procederá legalmente mediante denuncias penales ante la fiscalía correspondiente. El objetivo es identificar y castigar tanto a los ejecutores materiales del incendio como a los autores intelectuales que habrían instigado la movilización. El Gobierno de México enfatizó que no habrá impunidad y que se actuará con firmeza institucional ante lo que consideran un acto que pone en riesgo la seguridad de las personas.
Por su parte, los cuerpos de emergencia tuvieron una labor intensa para controlar el fuego. Luis Felipe Quintanilla, director de Protección Civil municipal, detalló que fue necesaria la colaboración de unidades de siete municipios, incluyendo apoyo desde el estado de Jalisco. Aunque el gobierno federal señaló obstrucción inicial, el mando de bomberos aclaró que, al momento de su llegada, los agricultores permitieron el paso de las unidades para combatir la conflagración.
Las investigaciones ahora quedan en manos de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, que será la encargada de determinar las causas técnicas del incendio y confirmar las responsabilidades señaladas por la administración federal. Mientras tanto, se han activado planes de contingencia logística para evitar que el suministro de alimentos básicos en la región se vea interrumpido por la pérdida de esta infraestructura clave.
