La crisis institucional en el estado de Chihuahua ha escalado a niveles federales tras el debate ocurrido en el Senado de la República, donde legisladores de Morena calificaron como «traición a la patria» la colaboración directa entre el gobierno estatal y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). La controversia se intensificó luego de que la gobernadora María Eugenia Campos declinara asistir a una comparecencia programada para explicar la participación de agentes extranjeros en operativos locales contra el narcotráfico, argumentando que su presencia podría comprometer información confidencial.
El trasfondo del conflicto reside en un operativo realizado en un laboratorio de drogas donde fallecieron dos agentes estadounidenses y un mando policial local. Senadores de la mayoría legislativa señalaron que la administración de Campos violó el artículo 117 de la Constitución, el cual prohíbe estrictamente a las entidades federativas celebrar alianzas con gobiernos o agencias extranjeras. Argumentan que estas facultades son exclusivas de la Federación, por lo que la actuación del gobierno chihuahuense constituye una invasión de competencias y un riesgo a la soberanía nacional.
Durante la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, lamentó que la gobernadora informara sobre su inasistencia a través de medios de comunicación antes que a los órganos formales del Senado. Esta acción fue interpretada por el bloque oficialista como una falta de respeto institucional y una muestra de la crisis que atraviesa la entidad. En contraste, la bancada del Partido Acción Nacional defendió a la mandataria estatal, sosteniendo que la invitación al Senado tenía como único objetivo realizar un «linchamiento político» en su contra.
El debate técnico se centró en la creación de una Unidad Especializada dentro de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua que, según los críticos, usurpa funciones que corresponden legalmente a la Fiscalía General de la República (FGR). Los senadores Enrique Inzunza y Óscar Cantón Zetina enfatizaron que recibir información y operar junto a la CIA sin la intervención del gobierno federal no es un error administrativo menor, sino una transgresión de tal magnitud que requiere fincar responsabilidades penales y administrativas inmediatas.
Por su parte, los representantes del PAN argumentaron que el uso de inteligencia extranjera para desmantelar laboratorios de narcóticos debería verse como una acción eficaz contra el crimen organizado y no como un delito. Sin embargo, la mayoría en el Senado insistió en que «ni culpando a los muertos» —en referencia al mando policial fallecido en el operativo— se podrá eximir a las autoridades vivas de las consecuencias legales por comprometer la seguridad nacional. El caso ahora se perfila hacia una investigación profunda que podría derivar en sanciones severas bajo el marco del estado de derecho.
