El Gobierno de México ha puesto bajo la lupa la cooperación judicial con Estados Unidos al revelar un estancamiento en los procesos de extradición. De acuerdo con datos oficiales presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum, de las 269 solicitudes de extradición que el país ha enviado formalmente a las autoridades estadounidenses desde enero de 2018 hasta mayo de este año, ninguna persona ha sido entregada a la justicia mexicana.
El balance actual de estas peticiones muestra un panorama complejo en la relación bilateral de justicia. Del total de los expedientes enviados, el gobierno norteamericano ya ha rechazado formalmente 36 solicitudes, mientras que 233 casos permanecen congelados o pendientes de una resolución definitiva. La lista se divide principalmente entre requerimientos ya formalizados y órdenes de detención provisional que siguen bajo análisis en los tribunales del país vecino.
Ante este escenario, la mandataria mexicana hizo un llamado público a la reciprocidad en los tratados y acuerdos internacionales de seguridad. Sheinbaum cuestionó la falta de avances significativos por parte de Washington, especialmente al tratarse de perfiles vinculados a delitos de alto impacto en territorio nacional, que van desde redes de evasión fiscal masiva mediante empresas «factureras» hasta personajes clave en crímenes de gran relevancia social.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que entre las solicitudes que no han recibido una respuesta favorable se encuentran exfuncionarios públicos de alto nivel, empresarios señalados por fraude multimillonario a instituciones de vivienda, y presuntos delincuentes ligados directamente a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En varios de estos casos, las autoridades estadounidenses han argumentado la falta de delitos violentos o han solicitado prórrogas operativas para exigir más pruebas a la Fiscalía mexicana.
El canal institucional para estos procesos inicia en la Cancillería, pasa por la Fiscalía General de la República (FGR) y se dirime en juzgados de distrito antes de cruzar la frontera. A pesar de cumplir con los requisitos que marcan los tratados, como las órdenes de aprehensión vigentes y la tipificación clara de los ilícitos, el flujo de entregas se mantiene totalmente interrumpido desde el lado estadounidense.
