Durante su más reciente gira de trabajo por el estado de Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que la conducción de México responde exclusivamente al mandato popular, rechazando cualquier tipo de interferencia por parte de intereses o administraciones extranjeras. En el marco de la inauguración del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” del IMSS-Bienestar en Mérida, la mandataria aseguró que la nación se mantiene como un territorio libre y soberano, y que el proyecto político actual no detendrá su marcha.
La jefa del Ejecutivo federal señaló que las dinámicas basadas en los privilegios y la influencia de grupos de poder económico han quedado atrás, dando paso a una gestión enfocada en la honestidad y la justicia social. Asimismo, recalcó que la estabilidad del movimiento que encabeza radica en el vínculo directo entre el gobierno y la ciudadanía, por lo que descartó retrocesos en las políticas públicas implementadas a nivel nacional.
Estas declaraciones se sumaron a las pronunciadas previamente en Kanasín, donde se inauguró una nueva unidad académica universitaria. En dicho espacio, Sheinbaum Pardo reiteró que la legitimidad del proyecto gubernamental proviene de los procesos democráticos internos y advirtió que no se tolerarán actos de corrupción ni conductas alejadas de la transparencia por parte de servidores públicos que pretendan ampararse bajo las siglas del movimiento.
El pronunciamiento presidencial coincide con el escenario político generado tras revelarse información judicial en los Estados Unidos que involucra a exfuncionarios del estado de Sinaloa. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo públicos los señalamientos en contra de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de dicha entidad, quienes enfrentan acusaciones formales en territorio estadounidense por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y esquemas de corrupción institucional.
Ante la divulgación de los expedientes del país vecino, que también mencionan a legisladores y otros servidores públicos activos, diversos actores políticos locales han comenzado a fijar posturas. El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, desestimó categóricamente las imputaciones formuladas por las autoridades norteamericanas, calificándolas de infundadas y asegurando que permanecerá en el país para hacer frente a cualquier señalamiento mediante el ejercicio de su propia defensa legal.
