El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió recientemente en una conferencia que su gobierno ha intentado establecer acuerdos con grupos criminales en la frontera sur, buscando pacificar una región azotada por la violencia.
Durante su intervención, el mandatario explicó que el objetivo es exhortar a estos grupos a abstenerse de actividades ilícitas, proteger a la población civil y demostrar firmeza ante la intimidación, rechazando cualquier forma de complicidad o concesión.
La revelación ha generado un amplio debate, destacando la complejidad y los riesgos de dialogar con facciones criminales. Críticos argumentan que esta estrategia podría percibirse como una concesión, mientras que otros ven en ella un enfoque pragmático para reducir la violencia.
Las comunidades locales, particularmente en Chiapas, donde se ha denunciado un ambiente de guerra civil por parte de los pueblos indígenas, esperan ver resultados tangibles. La política también influye en la percepción pública del gobierno, especialmente en tiempos de elecciones.
El presidente López Obrador continúa defendiendo su estrategia, insistiendo en que no busca la complicidad sino la paz. El desafío sigue siendo cómo implementar estos acuerdos sin comprometer la autoridad del estado ni la seguridad de los ciudadanos.