- Este lunes el gobierno de México, exhibió a más de una docena de funcionarios públicos que reciben un sueldo por mes, más alto que el presidente Andrés Manuel López Obrador.
- Lo que está prohibido por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que él reformó.
Ricardo Sheffield, titular de la procuraduría federal del consumidor (Profeco) mostró una lista de servidores públicos y señalo que mientras el mandatario tiene un salario mensual neto de 136 mil pesos, el consejero de la Judicatura Federal y el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ganan más de 286 mil pesos. También los ministerios de la suprema corte con un salario mensual de 284.500 pesos (cerca de 14.225 dólares), ganan más del doble que el presidente.
La lista se complementa con la gobernadora del banco de México (248 mil pesos), el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) con 240 mil pesos, y el presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), con 206 mil pesos.
De igual forma aparecen los presidentes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con 197 mil 700 pesos mensuales, del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) con 151 mil 300 pesos, y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con 149 mil 700 pesos.
Para finalizar, figuran el fiscal general de la república (146 mil 600 pesos) y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (141mil 100 pesos).
La investigación de los salarios mensuales de servidores públicos fue realizada por el jefe del ejecutivo para mostrar a las personas o instituciones que no cumplen con la ley, lo establecido en el articulo 9 el cual dice lo siguiente:
“Ningún servidor público obligado por la presente Ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República”.
El procurador señaló que el Banco de México, el INE, la Cofece, el IFT y el Inegi han presentado amparos para evitar cumplir con el artículo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.