La sentencia de nueve años de prisión, impuesta al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, desde 2018, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, fue confirmada por un tribunal federal, luego de asegurar que el proceso penal en el que se aceptó declararse culpable fue legal, además se le impuso una multa de 58 mil 890 pesos.
Se confirmó, a través de fuentes federales, que el Tercer Tribunal Federal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, afirmó que las pruebas ofrecidas por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) fueron suficientes para sostener que el exgobernador Duarte participó en una red criminal para desviar recursos del erario (Conjunto de haberes, bienes y rentas pertenecientes al estado), esto mediante empresas fantasma y prestanombres.
Por otro lado, la magistrada Isabel Porras Odriozola, revocó de manera temporal el decomiso de 41 propiedades que presuntamente están ligadas a Duarte, afirmando que esos bienes pertenecen a otras personas procesadas o que aún no han sido detenidos o aún no reciben su condena, razón por la que debe esperarse a la resolución de los involucrados. Las propiedades involucran, 21 terrenos ejidales en el estado de Campeche y 20 casas y departamentos ubicados en la Ciudad de México, Veracruz, Estado de México y Guerrero.
Esta resolución es el resultado de una apelación que el exgobernador Duarte promovió contra la sentencia condenatoria, dictada el 26 de septiembre de 2018.