En una decisiva sesión parlamentaria, el Senado mexicano ha dado luz verde a una modificación significativa en la Ley de Amparo, que restringe la capacidad de los jueces para suspender obras públicas mediante amparos. Esta medida busca fortalecer la ejecución de las megaobras promovidas por el gobierno actual.
Con 69 votos a favor y 42 en contra, la reforma altera los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, limitando las suspensiones con efectos generales en casos que involucren legislaciones del Congreso Federal y los congresos estatales. Esto marca un cambio fundamental en el balance de poderes y en la aplicación de medidas cautelares en el país.
La reforma ha generado un intenso debate entre los legisladores. Mientras que el partido gobernante, Morena, argumenta que esta medida es necesaria para evitar el abuso del sistema de amparos y asegurar la continuidad de proyectos esenciales, la oposición critica la reforma como un medio para blindar las obras del presidente Andrés Manuel López Obrador de la supervisión judicial, afectando potencialmente los derechos y el ambiente.
Expertos en derecho constitucional y grupos de la sociedad civil han expresado preocupación por las implicaciones de estas restricciones, sugiriendo que podría haber un retroceso en las garantías de los derechos humanos y un debilitamiento del control judicial sobre actos del gobierno que podrían ser inconstitucionales o perjudiciales para la sociedad y el medio ambiente.
Tras la aprobación en el Senado, la reforma ahora pasará a la Cámara de Diputados para su votación final. El resultado podría tener profundas implicaciones para el futuro político y social de México, especialmente en lo que respecta al equilibrio de poderes y la protección de los derechos fundamentales.