El Senado de México ha aprobado una reforma significativa a la Ley de Amnistía, que ahora concede al Presidente la autoridad para otorgar amnistía a individuos que proporcionen información esencial para resolver casos importantes del país. Esta modificación ha sido enviada a la Cámara de Diputados para su consideración y posible ratificación.
La reforma busca esclarecer eventos críticos y violaciones de derechos humanos ocurridos en administraciones anteriores, como los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, entre otros. Está diseñada para ayudar a resolver misterios largamente sin respuesta y proporcionar justicia a las víctimas y sus familias.
Mientras que el partido gobernante ha apoyado la medida como un paso hacia la verdad y la justicia, la oposición critica la reforma por considerar que otorga demasiado poder al ejecutivo, temiendo que se abuse de esta nueva autoridad sin los debidos controles.
Los críticos argumentan que la reforma transforma el concepto de amnistía en algo más parecido a un indulto, dando al Presidente un poder discrecional que podría usarse de manera arbitraria. Además, se advierte sobre el riesgo de alterar el equilibrio institucional del país.
El debate continúa mientras la propuesta avanza hacia la Cámara de Diputados, donde se espera una discusión intensa. Las repercusiones de esta reforma son observadas de cerca por defensores de derechos humanos y observadores internacionales, dada su importancia para el estado de derecho en México.