Víctimas y sobrevivientes de la organización religiosa La Luz del Mundo han manifestado su rechazo ante la reciente determinación de la Fiscalía General de la República (FGR). La autoridad federal decidió no ejercer la acción penal en cuanto a los delitos de trata de personas y delincuencia organizada, bajo el argumento de que las conductas denunciadas no se ajustan estrictamente a los tipos penales vigentes.
Esta decisión técnica de la FGR representa un obstáculo significativo para quienes buscan justicia por hechos que se investigan desde 2019. Según el posicionamiento de figuras clave como Sóchil Martin, Sharim Guzmán y Ada Camarena, la fiscalía optó por un «carpetazo» al considerar que los elementos probatorios y los hechos narrados no encuadran jurídicamente en las categorías de explotación y crimen organizado que las víctimas han señalado durante años.
La resolución de la fiscalía no fue difundida de manera pública por las vías oficiales de comunicación, sino que las víctimas tuvieron conocimiento de ella tras una revisión detallada del expediente judicial. Ante lo que consideran una lectura restrictiva de la ley por parte del Ministerio Público federal, los afectados decidieron interponer un recurso de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación para revertir este dictamen.
El proceso legal entrará en una etapa crítica el próximo 16 de abril. En dicha fecha, un juez de control tendrá la responsabilidad de analizar los argumentos presentados por la defensa de las víctimas y determinar si se mantiene el cierre del caso por estos delitos específicos o si, por el contrario, se ordena a la FGR retomar las indagatorias bajo una perspectiva de derechos humanos.
Para los sobrevivientes, este fallo no solo implica la búsqueda de una sanción penal, sino el reconocimiento oficial de la sistematicidad de los abusos denunciados. El caso de La Luz del Mundo continúa siendo uno de los expedientes más complejos en materia de libertad de culto y derechos fundamentales en México, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones de procuración de justicia.
