La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se ha solicitado formalmente a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, un reporte detallado sobre la presunta intervención de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operativos locales. El encuentro entre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la mandataria estatal sirvió para clarificar que cualquier colaboración internacional debe ceñirse estrictamente a los marcos legales vigentes, señalando que en esta ocasión se omitieron los protocolos establecidos.
Durante su mensaje matutino, la jefa del Ejecutivo subrayó que la relación con gobiernos extranjeros en materia de seguridad no es una facultad discrecional de los estados. Sheinbaum enfatizó que existe una ruta institucional que involucra a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al gabinete de seguridad federal, la cual garantiza que la ayuda externa no derive en una pérdida de autonomía técnica u operativa dentro del territorio nacional.
Ante la controversia, el Gobierno de México enviará una circular a todas las entidades federativas para recordar la obligatoriedad de cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. La presidenta explicó que, si bien la colaboración con agencias como las de Estados Unidos es real y constante, esta debe realizarse sin subordinación y bajo la supervisión de las autoridades federales competentes para evitar el injerencismo.
Respecto a las críticas de sectores de la oposición, quienes sugieren que los cuestionamientos federales ignoran los avances en seguridad del estado de Chihuahua, Sheinbaum aclaró que la coordinación operativa se mantiene. Sin embargo, precisó que los resultados positivos no justifican la violación de los procedimientos soberanos, recordando que la defensa de la integridad nacional es un principio histórico irrenunciable para su administración.
Finalmente, la mandataria reiteró que «la soberanía no se negocia». Aseguró que su gobierno continuará trabajando de la mano con las agencias internacionales y los gobiernos estatales siempre que se respete el orden jurídico mexicano. Con esta postura, la federación busca asentar un precedente sobre el control institucional que debe prevalecer en operativos complejos donde participen actores externos.
