La organización Amnistía Internacional ha emitido un llamado urgente al Estado mexicano para que se declare oficialmente una emergencia nacional debido a la crisis de desapariciones que atraviesa el país. Con un registro que supera las 133,000 personas no localizadas y más de 72,000 cuerpos sin identificar en servicios forenses, el organismo internacional advierte que la magnitud del problema requiere medidas extraordinarias y una rendición de cuentas mucho más rigurosa que la actual.
El informe de la organización subraya que la impunidad en estos casos alcanza niveles alarmantes del 99.6%, lo que significa que menos de cuatro de cada mil expedientes llegan a una condena. Amnistía Internacional cuestiona la narrativa oficial que señala al crimen organizado como único responsable, documentando casos donde existe una participación directa de servidores públicos o, en su defecto, la autorización y aquiescencia de diversas autoridades en estos delitos.
Ante este panorama, se ha respaldado la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada por parte de la ONU. Este mecanismo excepcional se reserva para situaciones de extrema gravedad y permite elevar la situación de México ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La organización civil enfatiza que esta acción internacional es necesaria ante los indicios de crímenes de lesa humanidad y la falta de resultados sustanciales en la localización de las víctimas.
Por su parte, la administración federal ha mostrado una postura ambivalente. Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum expresó recientemente su desacuerdo con la metodología de los organismos internacionales —argumentando que los informes se basan en datos de administraciones pasadas y no reflejan la realidad actual—, también ha anunciado la apertura a un diálogo formal. Se ha conformado un grupo interinstitucional para revisar el reporte punto por punto y preparar una respuesta oficial ante el Alto Comisionado de la ONU.
Las exigencias de los organismos de derechos humanos no se limitan a la estadística; también demandan protección urgente para los más de 2,300 colectivos de búsqueda en el país. Amnistía Internacional alertó sobre la vulnerabilidad de las mujeres buscadoras, quienes a menudo enfrentan amenazas y agresiones directas al realizar las labores de investigación y rastreo que las instituciones del Estado han omitido o postergado.
