La titular de la Secretaría de Función Pública (SFP), Irma Eréndida Sandoval informó que se cuentan con al menos siete líneas de investigación abiertas y más de una docena de carpetas de investigación contra funcionarios y particulares, esto, como avance en los procesos administrativos para sancionar presuntas irregularidades en la adquisición de 20 ventiladores para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Hidalgo, por parte de una empresa de León Manuel Barlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A través de un comunicado, Eréndida Sandoval, informó que el pasado 8 de mayo se levanto un acta administrativa para la devolución de estos equipos, mismos que, ya fueron entregados al proveedor. Además agregó que, gracias a las visitas para verificación e inspección que comenzaron el 1ro de mayo, ya se cuenta con elementos para asignar sanciones correspondientes por presuntas irregularidades.
Todo esto a raíz de que el pasado 17 de abril, la empresa Cyber Robotics Solutions, misma que pertenece a León Bartlett, firmó un contrato con el IMSS de Hidalgo, comprometiéndose a vender 20 ventiladores por 31 millones de pesos, es decir, el costo de cada ventilador es de un millón 550 mil pesos.
Por su parte, el IMSS informó que tras la revisión técnica de dichos equipos, se determinó que estos, no cumplen con las características y requerimientos tecnico-funcionales acordados, por lo que fueron devueltos.
Por su parte, Eréndira Sandoval comentó que, «no se
permitió que se consumara un daño al erario. Gracias a la supervisión y fiscalización concomitante que ha impulsado la SFP en esta gestión se rechazó la compra debido a fallas y daños, porque el equipo no cumplía con los requerimientos funcionales pactados.
En el pasado se cerraba el pozo cuando se ahogaba el niño, y hoy nuestras investigaciones y tempranas diligencias han logrado que esta compra presuntamente irregular se haya
suspendido», agregó.
Finalmente, aseguró que, en caso de que se determinen conductas ilegales, se impondrán las sanciones correspondientes con base en las Leyes de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y General de Responsabilidades Administrativas.