La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México mantiene una investigación a una red integrada por personal médico de instituciones de salud de la ciudad y el estado de México, doctores y enfermeros particulares, incluso funerarias establecidas y clandestinas, señalados como responsables de expedir actas de defunción alteradas.
A través de un denuncia, de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de Ciudad de México, se dio a conocer el robo de estos documentos, utilizados para certificar a las víctimas de supuesto covid-19, de haber fallecido por insuficiencia respiratoria, neumonía atípica, o neumonía viral y no a causa del virus. Esto modificaría las cifra reales de contagios y muertes a causa del virus, además de representar un «riesgo para sociedad».
El avance de la investigación apunta a que, por lo menos mil certificados desaparecieron, de los cuales, poco más de 800 que se expidieron en alcaldías como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Texcoco y Chimalhuacán.
En la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-8/UI-1S/D/ 00051/06-2020, se menciona que se tienen identificados, por lo menos, a 10 médicos en la metrópoli que no acudieron a certificar el deceso de una posible víctima de coronavirus, además, de estos ya fueron citados a declarar, cinco, pero ninguno ha sido detenido.
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que el castigo máximo que podría recibir es la pérdida de su trabajo y posiblemente inhabilitarlos para ocupar un cargo público, pero no serían llevados a prisión, ya que este delito no es considerado grave.
Sobre las funerarias clandestinas y médicos particulares, la sanción podría empeorar, al comprobarse que actuaron con dolo. Se dio a conocer que se realizaron inspecciones sorpresa a más de 10 de funerarias de la ciudad de México, ya que se sospecha que podrían tener más certificados que aún no han utilizado.