Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró órdenes de captura contra 10 involucrados en el caso de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, a quienes la Fiscalía General la República (FGR), les atribuye los delitos de lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada.
Entre los implicados que busca detener la FGR se encuentran: Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga (quien ya cuenta con citatorio por otro caso), exdirector general de Administración; y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo.
La acusación del Ministerio Público señala que los implicados están vinculados con el desvío de 2 mil 950 millones de pesos, obtenidos mediante contratos asignados de manera directa que fueron utilizados con empresas fachada que operaron durante la administración federal pasada y que presuntamente prestaron servicios a la Secretaría de Gobernación.
Se cree que el despacho de Víctor Manuel Álvarez Puga sirvió de enlace para que los recursos fueran transferidos a las empresas fachada e Inés Gómez Mont habría cometido defraudación fiscal relacionada con las actividades de su esposo, sumando al rededor de 14 millones de pesos en adeudos fiscales.
La FGR buscará imputar el pago a sobreprecio de 62 millones de pesos por otorgar contratos multianuales a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco para la construcción de un penal privatizado con capacidad para 20 mil internos, esto durante la administración de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública.