El pasado viernes, antes de concluir una sesión aprobatoria de la Ley de Ingresos en San Lázaro, el grupo parlamentario de Morena presentó la propuesta para incluir la legalización de 18 millones de «autos chocolate» (aquellos vehículos de marcas y/o versiones nunca comercializadas en México por concesionarias). La adición fue aprobada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a pesar de su constante oposición al respecto..
“En el país hay rodando alrededor de 18 millones de vehículos chocolate. Pensamos que sería bueno que esta soberanía legalizara esos autos por muchos argumentos que se pueden plantear. Primeramente, sería una entrada de dinero fabulosa para los gobiernos federales, estatales y municipales: serían alrededor de 50 mil millones de pesos”.
Manuel López Castillo, diputado de Morena.
Por otro lado, la diputada priísta Sara Rocha, comentó lo siguiente: «Con esta propuesta y con esta iniciativa, vamos a dar, primero, certidumbre y certeza de la propiedad de sus vehículos a quienes los tienen, porque son ilegales, todo mundo lo sabemos. ¿Por qué? Porque no ha habido regularización en varios años. Pero esta sería la quinta regularización que se hiciera. La verdad, estoy muy contenta por esta iniciativa, por esta propuesta. Yo espero que todos los compañeros y compañeras voten a favor de ella».
Al otro día, la La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dio a conocer que dicha propuesta debía rechazarse, ya que la decisión de incluir dicha propuesta se realizó sin consultar a los sectores involucrados y sin tener en cuenta las consecuencias económicas que ello traerá si es que es ratificada la Ley por la Cámara de Senadores.
Además, el organismo empresarial aseguró que esta propuesta es contraria a lo que aseguró Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público ante el pleno del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien comentó que no se daría paso a la regularización de los vehículos ilegales.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Coparmex, agregó que de entrar en vigor 8 meses después de ser publicada la ley, la situación agravará las ventas de automóviles en el país, la cual ha descendido en los últimos meses.
Advirtió que con ello se propicia el cierre de operaciones de agencias automovilísticas, mientras que los ingresos tributarios se verán afectados, pues la Federación no podrá cobrar el IVA derivado de la disminución de producción y ventas de la industria automotriz.
La Coparmex exhortó a la Cámara de Senadores para reconsiderar la aprobación de esta propuesta, pues consideró que esto fomentaría la actividad del crimen organizado que obtienen sumas millonarias a partir del contrabando rodante.