Esta semana, Animal Político, dio a conocer que desde enero de 2013, cada  automovilista que transita en el Circuito Exterior Mexiquense tiene que pagar 50 centavos extra de cuota por un sistema de monitoreo que no existe. Pero además, el destino de ese dinero no podrá conocerse hasta el 2024.
Esto, luego de que el Gobierno del Estado de México decidió clasificar como información reservada por nueve años, el destino y utilización del dinero bajo el argumento de que la concesión del Circuito Exterior está inmersa en procesos judiciales en curso. Dicha autopista fue construida y operada por la empresa española OHL.
De acuerdo a Animal Polítio, en los estados financieros de la empresa, hasta noviembre del 2014 eran 98 millones de pesos los acumulados por el cobro de los 50 centavos y para febrero de 2015 sumaban 110 millones, que ese mismo mes fueron entregados por OHL al gobierno mexiquense para que éste determinara su destino. Posterior a esa fecha se ha continuado cobrando la tarifa aumentada a los automovilistas.
En diciembre del 2012, el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM) incluyó en la concesión a OHL, el monto extra a la tarifa para instalar el llamado Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular (SIVA). Pero la instalación de ese sistema ni siquiera ha comenzado.
La empresa OHL emitió comunicado en el que se respaldó la cancelación del SIVA pues consideró que el monto de los 50 centavos “no tiene justificación”. Pero en el Circuito Exterior Mexiquense la tarifa se ha cobrado aunque los sistemas no se instalaron.
En ese contexto, en agosto pasado Animal Político solicitó al SAASCAEM, vía transparencia,  conocer cuál ha sido la utilidad y destino de los recursos recaudados para el inexistente SIVA pero la respuesta fue que es información reservada.
“La información solicitada se encuentra clasificada como reservada (…) toda la información que deriva del Título de Concesión del Circuito Exterior Mexiquense se encuentra sujeta a procesos jurisdiccionales, amparos así como juicios administrativos y todos los catos que deriven de los mismos los cuales se encuentran sin resolución definitiva” respondió el SAASCAEM.
En su negativa, el SAASCAEM argumentó que revelar los datos podría causar un daño evidente a ocho procesos que están actualmente en curso. Cuatro de los procesos son por amparo y los otros 4 por juicios administrativos