Ha sido aprobada una minuta durante el Pleno de la Cámara de Diputados, la cuál tipifica como delincuencia organizada los delitos de defraudación fiscal y la expedición de facturas falsas, mientras el monto defraudado supere los siete millones 84 mil 230 pesos.
El dictamen indica que las prácticas físcales ilícitas ya mencionadas, serán meritorias de prisión preventiva oficiosa, además de sancionar de dos a nueve años de prisión la expedición, enajenación, compra o adquisición de facturas falsas. En el caso de ser servidores públicos quienes cometan estos delitos serán destituidos de su cargo e inhabilitados en el gobierno de uno a 10 años.
El diputado Marco Antonio Medina Pérez de la Comisión de Justicia, fundamentó el dictamen en tribuna, ya que los votos en contra de esta medida se respaldaban asegurando que esto afectaría a los contribuyentes, por esta razón Medina Pérez dijo:
“El contribuyente común que cometa algún error al tratar de cumplir con sus obligaciones fiscales está muy lejos de las conductas que se trata de combatir y castigar con las reformas propuestas”.
El diputado también indicó:
“El negocio criminal de las facturas falsas puede ascender a más de 300 mil millones de pesos al año, lo que equivale al 5.0% de los ingresos del gobierno federal, y el cálculo que han compartido las autoridades fiscales es la indecorosa cifra de 1.6 billones de pesos que de 2014 a 2019 no han llegado a las arcas públicas”.
Por otro lado Rubén Cayetano García de Morena, también de la Comisión de Justicia, señaló que la minuta resguarda los intereses de la sociedad mexicana y contribuye al fortalecimiento de las finanzas públicas.
“Las reformas solo afectarán a las empresas que venden o compran facturas que amparan operaciones falsas. El dictamen no propone criminalizar a los empresarios, sino protegerlos de las prácticas desleales e ilegales a que están sujetos por la corrupción”, finalizó.