Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la Presidencia de México, ha delineado un ambicioso plan anticorrupción que propone una reforma integral a los poderes judiciales tanto a nivel local como federal, la implementación de nuevas reglas para la operación de notarios públicos, y la creación de una Agencia Federal Anticorrupción. Este conjunto de medidas busca no solo combatir la corrupción de manera efectiva sino también fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
El plan, presentado junto a figuras como el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y la ex titular de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se centra en la simplificación administrativa y la digitalización de trámites para minimizar el contacto directo entre servidores públicos y ciudadanos. Sheinbaum enfatiza la necesidad de aplicar la ley de manera estricta en materia de transparencia, argumentando contra la creación de nuevas instituciones que supervisen a las ya existentes, como sería el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI).
La candidata también resaltó los ahorros significativos logrados durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y su propio mandato como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, atribuyéndolos a una gestión eficiente y libre de corrupción. Estos ahorros, según Sheinbaum, han permitido eliminar privilegios sin comprometer la operatividad de la capital.
Además, Sheinbaum criticó a los servidores públicos con historiales de corrupción y conflictos de interés, haciendo una clara alusión a Santiago Taboada, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, subrayando que la honestidad es un requisito indispensable para ocupar cargos públicos.
Javier Corral presentó una estrategia complementaria que incluye un acuerdo nacional contra la corrupción, abarcando todos los niveles de gobierno y poderes del Estado. Propuso reformas constitucionales para garantizar una buena Administración Pública y un ambiente libre de corrupción, así como la actualización de leyes para facilitar la sanción de actos corruptos y el reconocimiento de delitos de corrupción por parte de empresas.
El plan también contempla la creación de un Modelo Nacional para Investigar Delitos de Corrupción, que incluye un Sistema de Inteligencia Anticorrupción y la transformación de las corporaciones policiales, fiscalías y la acción de los ministerios públicos a nivel federal y local.
Finalmente, se propone una reforma judicial que separe a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los titulares de los Tribunales de Justicia locales de los Consejos de la Judicatura, para evitar conflictos de interés y promover una vigilancia efectiva sobre jueces y magistrados.
Este conjunto de propuestas marca un paso significativo en la lucha contra la corrupción en México, buscando establecer un marco más robusto y eficiente para la prevención, detección y sanción de la corrupción en todos los niveles del gobierno.