Carlos Romero Aranda, el Procurador Fiscal, dio a conocer que conforme a la nueva ley de empresas en relación al outsourcing, aquellas que contraten estos servicios de manera ilegal, podría ser investigadas y sancionadas con hasta 20 años de cárcel.
«La reforma va a castigar como delincuencia organizada a las empresas que dan outsourcing ilegal, porque su objetivo es no pagar impuestos de seguridad social, infonavit, entre otros».
Que quede claro: él que contrate estos servicios corre el riesgo de que se inicie una investigación en contra él y puede ser sancionado hasta con 14 o 20 año de prisión preventiva», finalizó.
Para finalizar, Romero Aranda hizo un llamado para que las empresas que se encuentren en este tipo de prácticas, o que usen facturas falsas, acudan a regularizar su situación fiscal.