El Tren Maya, una de las obras más emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, se perfila como un catalizador de desarrollo económico en el sureste de México. Con más de 1,500 kilómetros de vía férrea, este proyecto promete transformar la región, ofreciendo nuevas oportunidades para el transporte de carga, turistas y pasajeros locales en cinco estados clave: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
Los ejidatarios locales, quienes han sido testigos del impacto directo de las obras, ven en el Tren Maya una fuente de prosperidad económica. José Eduardo Angulo Cab, comisario ejidal de Laguna Guerrero, destaca la derrama económica que el proyecto ha traído a la zona, mejorando significativamente el nivel de vida de la comunidad.
El Tren Maya no solo ha generado empleo en la construcción de sus tramos, sino que también ha beneficiado a los ejidos por donde pasan las vías. Esta modalidad de propiedad colectiva de tierras, vinculada a la reforma agraria del siglo XX, ha encontrado en el tren una fuente de ingresos por la venta de terrenos, según señala Roberto Salgado Sangri, presidente del comisariado del ejido de la Península.
Más allá del impacto económico, el Tren Maya también promete resolver problemas de infraestructura en la región, como la falta de servicios básicos en algunas zonas. Los agricultores, por su parte, esperan que el tren reduzca los costos de transporte de sus productos, facilitando así su comercialización a nivel nacional.
Sin embargo, el proyecto no está exento de controversias. La reducción de mano de obra en las tierras agrícolas debido a los mejores salarios ofrecidos en la construcción del Tren Maya es una preocupación. Además, existe incertidumbre sobre el futuro laboral de los trabajadores una vez concluida la obra, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo del desarrollo impulsado por el tren.