El Pleno del Senado de la República aprobó la convocatoria para la elección de la presidenta o presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029.
Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, informó que la convocatoria se publicará en la Gaceta Parlamentaria, en la página electrónica de la Cámara de Senadores, en el Diario Oficial de la Federación y en al menos tres diarios de mayor circulación nacional.
La convocatoria invita a asociaciones civiles, organizaciones sociales, instituciones académicas y de investigación, colegios de profesionales, organismos públicos, colectivos de derechos humanos y de víctimas, entre otros, a postular candidatos para la titularidad de la CNDH.
El registro de aspirantes se realizará ante las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia, desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria hasta el 15 de octubre, a través del portal habilitado en la página web del Senado de la República.
Una vez cerrado el periodo de recepción de solicitudes, las comisiones verificarán la información y publicarán la lista de candidaturas que cumplan con los requisitos el 21 de octubre de 2024. El 22 de octubre se llevará a cabo un Parlamento Abierto con organizaciones de derechos humanos para considerar sus opiniones en las deliberaciones.
Los aspirantes deberán comparecer públicamente el 24 de octubre ante las comisiones dictaminadoras. Los resultados del procedimiento de consulta pública se publicarán a más tardar el 8 de noviembre de 2024.
La persona electa durará en el cargo cinco años, con posibilidad de reelección por una sola vez y podrá ser removida de sus funciones según lo establecido en la Constitución. Si la actual presidenta de la CNDH decide participar en el proceso, podrá registrarse y comparecer en igualdad de condiciones que los demás candidatos.
El procedimiento de votación por cédula en el pleno para la elección del titular de la CNDH se determinará por acuerdo de la Mesa Directiva. Los senadores acordaron llevar a cabo un proceso de consulta pública transparente y de máxima publicidad, conforme a la ley.