La Diputada Juárez Piña presentó una iniciativa de Reforma al articulo 4° de la Constitución para poder establecer a las personas de 65 que tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley, y que, en el caso de las y los indígenas y las y los afroamericanos, esta prestación se otorgará a partir de los 62 años de edad.
Se plantea que el Ejecutivo deberá especificar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación la fuente de recursos para el cumplimiento de estas obligaciones.
El artículo vigente señala que “las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad”.
Se afirma que el peso relativo de los adultos mayores toma mayor relevancia en la estructura por edad, pues en México, según el Censo de Población y Vivienda, en 2020 había 15 millones 142 mil 976 personas de 60 años y más, equivalentes a 12 por ciento de la población total; 35 millones 219 mil 141 hogares, y en 6 millones 954 mil 833 de éstos reside al menos una persona de 60 y más años; un millón 813 mil 452 personas de 60 y más años viven solas, de las cuales un millón 49 mil 966 son mujeres.
La población ocupada que tiene 60 y más años es de 4.8 millones, de los cuales 49 por ciento labora por cuenta propia, 37.8 por ciento se ocupan de manera subordinada y remunerada, y de éstos el 60.8 por ciento no tiene acceso a instituciones de salud por su trabajo; el 61.8 por ciento labora sin contrato escrito, y 47.7 por ciento no tiene prestaciones, puntualiza.