Recientemente se han dado a conocer diversos movimientos en Coahuila que exigen una explicación sobre los gastos ejercidos por el ex gobernador Humberto Moreira. Afirman que, no contento con desviar una gran cantidad de recursos hacia su bolsillo, este sujeto dejó una deuda cercana a los 33 mil millones en Coahuila. Nadie sabe a dónde fueron a parar esos recursos.
El pasado fin de semana, el subsecretario de Egresos y Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas, Armando Rubio, reveló que personal del desaparecido Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC) sustrajo documentación financiera del Gobierno de Humberto Moreira, incluida parte de la relacionada a la deuda millonaria de la entidad. En resumen: no existen los papeles que puedan aclarar a dónde fue a parar todo ese dinero.
Pero no sólo eso, la desaparición de los papeles ya había sido detectada desde el inicio del actual sexenio, encabezado por Rubén Moreira, el hermano de Humberto. Y no se hizo nada.
Rubio no detalló la información que faltaba, pero afirmó que hacen falta papeles de todo, no sólo de la deuda sino también relacionados con gastos y pagos.
La SATEC fue creada por Humberto Moreira como un organismo descentralizado con facultades de recaudación y contratación de deuda y fue la encargada de dejar a la población de Coahuila debiendo más de 33 mil millones de pesos. El titular de la SATEC, Héctor Javier Villarreal Hernández, fue señalado como el principal responsable del endeudamiento y la institución desapareció en los primeros días del nuevo sexenio. Actualmente, el ex funcionario está preso en Texas, donde el gobierno de Estados Unidos lo acusa de lavar dinero del presupuesto de Coahuila.
El senador panista, Luis Fernando Salazar Fernández dijo que la desaparición de los papeles podría representar en el futuro un escándalo tan grande como el de la casa de «La Gaviota». Afirmó que el extravío de los papeles “es un absurdo, porque actualmente todos los documentos tienen un respaldo electrónico”. Agregó que esto sólo pudo ser posible con una amplia red de corrupción que abarcara a titulares de varias secretarías, incluyendo la de Finanzas, conducida por Ismael Ramos, quien era contralor en aquel entonces.
El senador se une a múltiples organizaciones que exigen que el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, tome cartas en el asunto.
La verdadera pregunta es si la actual administración del estado, encabezada por el hermano del ex gobernador, permitiría una investigación real.
