Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha confirmado que el organismo actuará de oficio ante la reciente filtración de datos personales de 300 periodistas. El INAI se compromete a investigar rigurosamente cualquier denuncia relacionada con este incidente.
Alcalá ha señalado que podrían imponerse sanciones a los funcionarios que no tomaron las medidas de seguridad necesarias para proteger la información personal, independientemente de si la filtración fue resultado de un hackeo o no.
Las sanciones por la filtración de datos podrían incluir multas económicas, que deberán ser pagadas con recursos propios y no del erario, y hasta la inhabilitación, dependiendo de la gravedad del caso. Los afectados también tienen la opción de denunciar ante el Ministerio Público en caso de delitos penales relacionados con la vulneración de datos.
La Presidencia de la República tiene un plazo de 72 horas para informar al INAI y a las personas afectadas sobre la vulneración de los datos. De no cumplir, el INAI iniciará un procedimiento de oficio y solicitará un informe al responsable.
El consejero presidente del INAI ha expresado su preocupación por la situación de vulnerabilidad de los periodistas y sus familias debido a la exposición de sus datos personales. Enfatiza que ignorar o desestimar estas violaciones solo contribuiría a perpetuar la vulnerabilidad de los periodistas y socavar la libertad de expresión en México.