El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, declaró la ley marcial, marcando un hito sin precedentes desde los años 80 y generando un ambiente de tensión y protestas en Seúl. La medida, tomada en medio de disputas políticas, ha llevado al despliegue militar en torno al Parlamento y la imposición de severas restricciones a las actividades civiles y políticas.
El jefe del Estado Mayor, Park An Soo, anunció la prohibición de manifestaciones, huelgas y publicaciones críticas al gobierno. Según la normativa, infractores podrían ser detenidos sin orden judicial y enfrentarse a sanciones estrictas. Esta decisión ha sido fuertemente criticada por la oposición, que acusa al presidente de violar la Constitución y conducir al país hacia un régimen militarizado.
Incluso dentro del oficialismo han surgido voces de desacuerdo. Han Dong Hoon, líder del Partido del Poder Popular, calificó la medida de «ilegal» y aseguró su respaldo al pueblo para detenerla. Mientras tanto, el Parlamento, liderado por Woo Won Sik, ha prometido tomar acciones legales y políticas contra la medida, instando a los legisladores a reunirse de urgencia.
Miles de ciudadanos se han congregado en las inmediaciones del Parlamento en respuesta al llamado de la oposición, mientras que el ejército y la policía han levantado barricadas para contener a los manifestantes. Las tensiones aumentan a medida que el país enfrenta un choque entre el Ejecutivo, el Legislativo y una población decidida a proteger su democracia.