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Propuesta de diputados para castigar a funcionarios corruptos

La reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción superó el desacuerdo que mantenían el PRI con el PAN y PRD.
Una vez aprobada la ley, las faltas administrativas cometidas por funcionarios públicos tendrán hasta siete años de prescripción; sin embargo, los casos ocurridos antes de la entrada en vigor, estarían exentos puesto que “la ley no es retroactiva”.
Los partidos acordaron que el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública a cargo del Ejecutivo, deberá ser ratificado por el Senado. Mientras que el criterio para determinar la permanencia del actual secretario, Virgilio Andrade, será establecido en las leyes secundarias, después de aprobar la reforma.
Con estos acuerdos, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados elabora un dictamen que sería presentado y votado en la sesión del pleno del  jueves 26 de febrero o el martes 3 de marzo.
Si bien el coordinador de la fracción panista, Ricardo Anaya insistió en que esta legislación impulsada por su partido “no habrá borrón y cuenta nueva, pues quien haya cometido actos de corrupción en el pasado sí podrá ser juzgado con este Sistema Nacional Anticorrupción”, el PRD y PRI lo rectificaron.
Estos son los puntos de coincidencia de los partidos en el proyecto de dictamen:
 

  • El titular de la Secretaría de la Función Pública será propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Senado.
  • Se otorga a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de atracción para que pueda investigar las finanzas estatales y municipales.
  • Se aumenta a siete años la prescripción de actos y omisiones de responsabilidad administrativa que fuesen graves.
  • Procederá la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito.
  • Se amplían facultades al Congreso para legislar en materia de combate a la corrupción, por lo que podrá:
  • Expedir una ley que establezca la organización y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
  • Facultar al Tribunal Federal de Justicia para sancionar las faltas administrativas graves.
  • La Cámara de Diputados designará a los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos.
  • Reconfiguración de la Auditoría Superior de la Federación:
  • Se elimina el principio de anualidad y posterioridad para que la auditoría pueda llevar a cabo revisiones en tiempo real, así como de ejercicios anteriores.
  • Se le otorga facultad para fiscalizar a los órganos autónomos.
  • Podrá fiscalizar recursos federales en fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados.
  • Promoverá acciones ante las autoridades competentes derivados del invorm de revisiones efectuados en tiempo real.
  • Se obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses a las autoridades competentes.