Rosales San Román intenta evitar las filtraciones y la exposición que se da en los medios de comunicación y redes sociales de las víctimas, sobre todo cuando son niñas o adolescentes las involucradas. Busca también proteger a los familiares.
Esta reforma sugiere sancionar a los servidores públicos que difundan, transmitan, revelen, publiquen, expongan, distribuyan, videograben, comercialicen, intercambie o compartan, por algún medio, imágenes, audios, videos o documentos relacionados al hallazgo, evidencias u objetos que se vinculen a procedimiento penal o una investigación relacionados con hechos delictivos.
La legisladora del PAN propone que para quien realice estas acciones, se enfrente a una pena de tres a seis años de prisión y una multa que va de las 500 a las 1000 Unidades de Medida y Actualización.
Si fueran imágenes, audios o videos de los cuerpos de niñas, mujeres o adolescentes, las circunstancias de su muerte, sus lesiones o estado de salud, los castigos deberán incrementarse en una mitad.
La iniciativa fue enviada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, enfocada a sancionar, principalmente, a los servidores públicos que son quienes tienen acceso a los elementos que integran las carpetas de investigación y son las personas que deberían velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, seguridad, y demás derechos de las víctimas del delito.
San Román advirtió que nuestro país pasa por una grave crisis en materia de violencia de género, los feminicidios aumentaron 137 % en los últimos cinco años, por ello se debe defender la dignidad de las mujeres que son víctimas de la violencia.
«Es fundamental erradicar la normalización de la violencia ejercida contra todas las personas y sancionar a los servidores públicos que no cumplen con su deber de resguardar cierto tipo de información.»