La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) promueve una iniciativa para prohibir la gestación subrogada en cualquiera de sus formas, al considerarla como una grave violación de los derechos y la dignidad de las mujeres y menores.
Plantea modificar el artículo 6, fracción VI y VII, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir en los tipos de violencia contra las mujeres la violencia reproductiva y/o gestación subrogada, a la que define como una técnica de reproducción asistida mediante la cual una mujer gesta un producto fecundado por personas contratantes, lo que implica una explotación reproductiva de las mujeres que violenta la dignidad humana.
La ley General de Salud, el artículo 61 Ter para poder establecer que por gestación subrogada se entenderá la práctica médica consistente en la transferencia de óvulos humanos fecundados en una mujer, producto de un espermatozoide y un óvulo de terceras personas, la cual queda prohibida en cualquiera de sus formas cumpliendo con el respeto a la dignidad humana.
En el artículo 462 agrega las fracciones VII y VIII para imponer de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil veces la Unidad de Medida y Actualización, al que realice o participe en un procedimiento de gestación subrogada, así como a los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten dicha práctica.
El Código Penal Federal planteó añadir un párrafo al artículo 199 Ter para estipular que si la maternidad subrogada se realiza aún sin el consentimiento de la madre se impondrá de quince a veinticinco años de prisión y de dos mil a treinta mil días de multa.
En la iniciativa se argumenta que la explotación de mujeres con fines reproductivos, llamada gestación subrogada, es una realidad que se esconde a la vista de todos.