La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre un probable conflicto de interés por parte del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y del subprocurador, Juan Ramos López por la reapertura de acusaciones contra dueños de la Fundación Mary Street Jenkins, propietaria de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
La reapertura de acciones legales fue considerada por la UIF como un conflicto de interés, pues Ramos López habría incidido «en la imparcialidad y objetividad de la función como subprocurador de la FGR anteponiendo intereses de negocios de la familia Gertz”.
A partir del año 2007, Alejandro Gertz emprendería una serie de acusaciones contra la institución educativa por razones de uso de nombre comercial, logotipo, y lema, propiedad de la familia Jenkins.
De esta forma, haciendo uso de su jurisdicción en la universidad, concedida desde 1995, cuando fue rector, Gertz Manero otorgó a Juan Ramos, poder para intervenir en «pleitos y cobranzas y actos de administración de la UDLA», quien durante 2007, solicitó ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI), el registro de la marca de la Universidad de las Américas, el cuál, fue concedido.
En reportaje, El Universal indica que Guillermo Jenkins de Landa, acusó a sus familiares por mal manejo y administración fraudulenta de la Fundación Mary Street Jenkins, por lo que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Electorales (SEIDF), inició investigaciones por el presunto desvío de de 228 millones 834 mil 356 dólares, pero no se encontraron elementos probatorios de delito, razón por la que en 2018, se determinó no ejercer acción penal.
Ya en el puesto como subprocurador, Juan Ramos, revocó el no ejercicio de la acción penal para reabrir las investigaciones contra los propietarios de la Fundación Mary Street Jenkins, acto que fue señalado por la UIF como un conflicto de interés por parte del Fiscal de la República y Ramos López.
Por su lado, familiares de Jenkins Landa mantienen trámites de amparo ante el juez Octavo de Distrito en Puebla, debido a la orden de aprehensión liberada luego de que que en marzo de 2021 la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) judicializara la carpeta de investigación.