La comunidad internacional se ha visto sacudida por el reciente ataque contra la periodista Yolanda Caballero Jacobo en Tijuana, México, un incidente que ha provocado una condena enérgica por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A través de la Oficina en México del Alto Comisionado, la ONU ha emitido un comunicado instando a las autoridades mexicanas a llevar a cabo una investigación exhaustiva y a sancionar a los responsables de este acto de violencia que atenta contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Este ataque no solo representa un asalto directo a la integridad de Caballero sino que también pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los periodistas en México, un país marcado por una creciente hostilidad hacia los profesionales de la prensa. La ONU ha hecho un llamado a las autoridades de todos los niveles para que adopten medidas efectivas que garanticen la seguridad de los periodistas y el respeto por su labor fundamental en la sociedad.
El incidente ocurrió un día después de que Caballero denunciara presiones por parte de la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, lo que ha intensificado las preocupaciones sobre la seguridad de los periodistas y la necesidad de protegerlos de represalias políticas. La camioneta de Caballero fue incendiada mientras realizaba una entrevista, un acto que ha sido interpretado como un intento de intimidación y silenciamiento.
Ante este escenario, organizaciones de periodistas han solicitado la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, enfatizando la urgencia de brindar protección a Caballero y su familia. Este pedido resalta la importancia de contar con sistemas de protección efectivos que respondan rápidamente a situaciones de riesgo para los periodistas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que se está investigando el ataque, aunque ha expresado su escepticismo sobre la implicación de la alcaldesa Monserrat Caballero. Sin embargo, la comunidad periodística y la sociedad civil exigen acciones concretas y no solo palabras, para asegurar que este y otros ataques contra la prensa no queden impunes.