Ministras Batres y Esquivel denuncian el preámbulo de un golpe de Estado constitucional de derecho
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó abrir un expediente para determinar si tiene facultades legales para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial, tras las impugnaciones presentadas por jueces y magistrados federales.
Con una mayoría de ocho votos, los ministros coincidieron en que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) otorga al Máximo Tribunal la facultad de resolver controversias que afecten la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF) y la independencia de sus integrantes.
No obstante, los ministros aclararon que la admisión de la consulta no implica una decisión sobre el fondo de las impugnaciones. Será hasta que se resuelva la controversia cuando se defina si la SCJN tiene la atribución de revisar una reforma constitucional contraria a los derechos humanos reconocidos por la Constitución.
Con tres votos en contra de las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, la SCJN avaló el proyecto de sentencia que proponía admitir a trámite una consulta presentada por la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito (Jufed), que advierte que la reforma judicial vulnera la autonomía del Poder Judicial y la división de poderes. Según las consideraciones debatidas, el Pleno del Máximo Tribunal tiene atribuciones para “conocer y dirimir controversias” suscitadas dentro del Poder Judicial y con otros poderes, en virtud de la interpretación y aplicación de los artículos constitucionales 94, 97, 100 y 101, facultad reconocida por los artículos 1 y 11, fracción XVII de la Ley Orgánica del PJF.
Los ministros subrayaron que aceptar la consulta no implica un pronunciamiento definitivo sobre la facultad de la SCJN para revisar la reforma judicial ni prejuzga sobre su contenido. Primero, se debe aprobar una sentencia que defina las facultades otorgadas por su Ley Orgánica para analizar una reforma constitucional. Durante el debate, la ministra Yasmín Esquivel afirmó que la posibilidad de revisar la reforma judicial “es el preámbulo de un golpe de Estado constitucional de derecho” contra las decisiones del Poder Legislativo como Poder Constituyente Reformador. Añadió que la revisión de reformas constitucionales por parte de la SCJN equivale a agregar “una etapa más al procedimiento legislativo” y a asumir una facultad no otorgada por la Constitución.
En este contexto, Esquivel advirtió que la reforma judicial ya está en proceso y podría afectar la elección de jueces y magistrados federales. La ministra Lenia Batres Guadarrama también destacó que la SCJN estaría dando un golpe de Estado contra el Poder Reformador Constituyente y vulnerando la división de poderes.