- Se estima que hay más de 52 mil personas fallecidas sin reconocer.
- El comité de la ONU, recomienda al congreso, seguir con la implementación de la legislación de desaparición forzada.
Se tenían registradas 100 mil 447 personas desaparecidas y no localizadas en México entre 1964 y hasta el 31 de mayo de 2022, de las cuáles el 83.7% ocurrió en los últimos 16 años, de acuerdo con un estudio elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
Una investigación que fue desarrollada por Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Susana Ramírez Hernández, titulada «Hallazgos y recomendaciones del comité contra la desaparición forzada de la ONU a México». Señalan que en el periodo de 2006 a mayo de 2022, las 10 entidades que han registrado un mayor numero de personas desaparecidas son: Jalisco con 13 mil 339, Tamaulipas con 10 mil 594, Estado de México con 6 mil 387, Nuevo León con 5 mil 913, Sinaloa con 5 mil 112, Sonora con 4 mil 161, Michoacán con 4 mil 100, Veracruz con 3 mil 961, Ciudad de México con 3 mil 501 y Coahuila con 3 mil 287, que en su conjunto representan el 71.8% del total de las registradas.
Es importante mencionar que el documento de la IBD explica que, del 15 al 26 de noviembre del 2021, el comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) visitó nuestro país debido a la existencia de información que revela violaciones graves de las disposiciones de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
De igual forma el CED, reconoce que a partir del 2006 aumento el número de personas desaparecidas en el contexto de la llamada «guerra contra el narcotráfico» en la que además de los agentes públicos federales, estatales y municipales, la delincuencia organizada se sumó como actor perpetrador central de las desapariciones.
Después de su visita a México, el comité de la ONU, realizó una serie de recomendaciones para el Estado Mexicano entre las que se encuentran asegurar que la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales cuenten con los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones y atender la crisis forense que se manifiesta en la existencia de más de 52 mil personas fallecidas sin identificar.