Grupo México solicita compensación de 9,500 millones de pesos y se niega a responder en negociaciones: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el reciente decreto emitido por su gobierno no está relacionado con Banamex y aclaró que la presencia de la Marina en las instalaciones de Grupo México fue para evitar sabotajes. Durante una conferencia de prensa, el presidente informó que la empresa minera solicitó una indemnización de 9,500 millones de pesos al gobierno y luego dejó de participar en las negociaciones.
López Obrador afirmó que está dispuesto a pagar una indemnización si corresponde, pero destacó que se debe seguir el procedimiento legal y realizar una valuación adecuada. El presidente explicó que la ocupación temporal del tramo ferroviario de Ferrosur, una subsidiaria de Grupo México, dependerá de la actitud de la empresa y reveló que se estaba avanzando en un arreglo, pero la compañía dejó de responder, incluso al secretario de Gobernación.
El presidente también enfatizó que el decreto de utilidad pública para ciertos tramos ferroviarios busca evitar la privatización y garantizar que las obras sean de beneficio público en el sureste de México. López Obrador dejó claro que la acción de la Marina fue para prevenir sabotajes y no para detener las operaciones, asegurando que los trenes de Grupo México continúan operando con normalidad.
En relación al decreto, el presidente afirmó que es constitucional y legal, y que las vías de Ferrosur serán devueltas al dominio de la nación. López Obrador expresó su esperanza de que Grupo México recapacite y adopte una actitud generosa en las negociaciones, destacando que su objetivo principal es recuperar el tramo de concesión.
En resumen, el presidente López Obrador abordó el conflicto con Grupo México, destacando la solicitud de compensación de la empresa y su falta de respuesta en las negociaciones. También reiteró que el decreto no está relacionado con Banamex y mencionó que la presencia de la Marina fue para evitar sabotajes. El gobierno está dispuesto a pagar una indemnización adecuada y busca asegurar que las obras sean de beneficio público en el sureste del país.