Fraude inmobiliario en el Conjunto Habitacional Lomas de San francisco Tepojaco
En los últimos años las viviendas en el Conjunto Urbano Lomas de San francisco Tepojaco han sufrido de daños estructurales tales ocasionados por hundimiento y deslave además que las personas que habitan ahí son propensas a respirar gases ocasionados por un relleno sanitario de San José Huilango esto afecta a 11 mil familias que viven en el Conjunto Urbano Lomas de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, diputados mexiquenses aprobaron por unanimidad emitir un exhorto a autoridades del Estado de México para su intervención urgente en este sitio de alto riesgo.
En el conjunto urbano hay 12 escuelas y más de 11 mil casas de interés social, donde habitan alrededor de 45 mil personas que adquirieron viviendas con INFONAVIT, FOVISSSTE e ISSFAM. Hoy enfrentan problemas de salud debido a los gases emitidos por la basura o químicos vertidos en el relleno.
El diputado Max Agustín Correa Hernández explicó en tribuna que los vecinos de Tepojaco padecen graves problemas en sus viviendas por hundimientos, deslaves y fracturas estructurales. Además, tienen complicaciones de salud por la conlindancia del lugar con el relleno sanitario de San José Huilango y con el centro de tratamiento de residuos sólidos denominado Santa María Tianguistenco.
Dijo que los hogares de interés social fueron construidos por empresas como Profusa Cuautitlán, S.A. de C.V., Desarrollo Metropolitano y CAME, y están en un riesgo latente de deslavarse, pues el suelo debajo de las casas es arcilloso, y podría desmoronarse.
“Estos estragos se deben a la mala planeación de los asentamientos habitacionales por las constructoras privadas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y las empresas desarrolladoras, pero posiblemente por el contubernio con autoridades estatales y municipales que en su momento facilitaron las condiciones para la obtención de permisos de construcción por allá del año 1999”.
A decir del legislador, el conjunto fue autorizado en terreno no apto para la construcción de vivienda por cuatro factores: inestabilidad del suelo, ocupación de lomerío, ubicación cercana a dos tiraderos de basura, construcción con mala calidad de materiales y falta de servicios básicos.
Sin embargo, por más de tres lustros, los vecinos han emprendido batallas legales para buscar justicia y respeto a sus derechos humanos y han obtenido resoluciones de autoridades federales donde reconocen sus derechos a una vivienda digna y decorosa, al acceso a la salud y a un medio ambiente sano; no obstante, las autoridades estatales, se han limitado a echarle la culpa al gobierno municipal, pese a que estudios técnicos determinan un latente riesgo en las viviendas.
Asimismo sostuvo que a pesar de la exigencia para exigir sanciones contra las constructoras, la autoridad estatal se limita a decir que no son competentes o simplemente no quieren hacer nada, pues autorizaron la construcción del conjunto urbano, y por lo tanto, implica revocar sus propios acuerdos.