El pasado 18 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó la Ley de Amnistía ante el Congreso de la Unión. Dicha ley es una legislación que otorga la extinción de responsabilidad penal sobre delitos cometidos en un período y un territorio determinado, por lo que este jueves será debatida su aprobación en las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados.
En el dictamen de dicha ley se habla del otorgamiento del perdón a ilícitos como interrupción del embarazo (aplica a la mujer, familiares y médicos que lo hayan practicado), delitos en contra de la salud realizados por pobres en extrema vulnerabilidad, con alguna discapacidad permanente, que hayan sido excluidos o discriminados; también aplicará para quienes hayan cometido robos simples y sin violencia, los cuales no ameriten más de cuatro años de carcel, etc.
Además el delito de sedición, lo que consiste en el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno, con el fin de derrotarlo, así, como los delitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas que no hayan recibido un debido proceso.
El otorgamiento del «perdón» se realizaría a personas a las que se les haya aplicado acción penal, hayan sido procesados o se les hubiera dictado sentencia firme antes los tribunales federales, exceptuando casos de reincidencia antes de la implementación de esta ley.
Además, se informó que el presidente deberá crear una comisión de expertos encargados de coordinar y vigilar la aplicación de dicha ley, la cual también tendrá que resolver las solicitudes en un máximo de hasta cuatro meses.
Por su parte, AMLO aseguró que la implementación de este dictamen es un compromiso permanente que busca hacer todo lo posible por evitar las injusticias que padece México.
La Ley de Amnistía que sometió a consideración de esta soberanía es una expresión concreta de ese compromiso, así como manifestación de mi voluntad de arrancar de raíz las causas de la pobreza y la marginación. Las personas que se beneficien de la Ley de Amnistía deben reunir tres condiciones como punto de partida para ser consideradas como potenciales beneficiarias, las cuales son:
- Que su sentencia haya sido la primera que recibieron por el delito del que se les indicó, es decir, que no sean personas reincidentes.
- No haber sido condenadas por delitos en los que se privó de la vida a otra persona, por delitos contra la integridad corporal o secuestro o se provocaron lesiones graves con secuelas permanentes.
- No haber empleado o utilizado armas de fuego en la comisión del delito.
Así mismo, Las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación, encabezadas por Pilar Ortega (PAN) y Rocío Barrera (Morena), comentaron que esta ley no supone restricciones o afectaciones injustificadas a los gobernados, sino que permitirán al estado corregir injusticias cometidas en contra de personas en estado de vulnerabilidad.
Por su parte, Rocío Barrera comentó que esta ley beneficiaría a mil 45 presos, asegurando que el objetivo de dicha ley no es vaciar las cárceles.
Este jueves se debatirá sobre la aprobación de la ley de Amnistía.