La diputada, María del Rosario Elizalde, propuso penas de tres a cinco años de prisión y la suspensión de hasta dos años de la licencia a quienes conduzcan vehículos de transporte público de carga o de pasajeros, de servicio oficial, o de personal o escolar en estado de ebriedad, bajo el influjo de drogas, enervantes u otras sustancias.
En el caso de los conductores de automóviles particulares, la sanción sería de hasta tres años de cárcel y suspensión de la licencia para conducir por un año. Además, en ambos supuestos, se aplicarán las sanciones, independientemente de las penas que se impongan, en caso de causar daño en los bienes, lesiones o la muerte.
La diputada indicó que su iniciativa de reformas a los códigos Penal y Administrativo plantea que las personas que muestren síntomas de conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes deberán ser presentadas ante el Ministerio Público,
La iniciativa será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.