En Argentina, la epidemia de dengue se ha convertido en una emergencia de salud pública sin precedentes. Con más de 230,000 casos registrados y 161 fallecimientos desde inicios de año, la situación ha escalado rápidamente, exponiendo las debilidades del sistema de salud y la falta de acciones preventivas efectivas por parte del gobierno de Javier Milei.
La escasez crítica de repelentes de mosquitos ha dejado a los ciudadanos en una posición vulnerable. Farmacias como la que se encuentra en el centro de Buenos Aires muestran carteles de «no hay repelente» desde hace más de un mes, complicando aún más la prevención personal contra el mosquito transmisor del dengue.
El gobierno ha tomado medidas paliativas, como la eliminación de impuestos a la importación de repelentes, pero estas acciones se perciben como insuficientes. El público, junto con expertos en salud, critican la falta de una campaña de prevención efectiva y el acceso limitado a vacunas y tratamientos que podrían mitigar la expansión de la epidemia.
Algunas provincias, ante la inacción del gobierno federal, han comenzado a tomar medidas independientes, como la adquisición y distribución gratuita de vacunas aprobadas internacionalmente, que el gobierno nacional ha decidido no incluir en su estrategia de vacunación.
Esta crisis sanitaria pone de manifiesto la urgente necesidad de una respuesta coordinada y eficiente que priorice la salud pública sobre los intereses económicos y políticos, un llamado que los ciudadanos y expertos esperan sea atendido con la seriedad que el contexto demanda.