La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. La decisión se basa en acusaciones de crímenes de guerra cometidos durante los bombardeos recientes en la Franja de Gaza.
Según la CPI, las investigaciones apuntan a que las acciones militares de Israel violaron derechos humanos fundamentales, incluyendo ataques a civiles y hospitales. Estas medidas han generado un intenso debate internacional sobre el manejo del conflicto entre Israel y Palestina.
Desde Israel, las autoridades calificaron la orden como «políticamente motivada» y aseguraron que no reconocerán la jurisdicción de la CPI. Sin embargo, grupos defensores de derechos humanos consideran que es un paso crucial hacia la justicia en la región.
Esta decisión marca un precedente histórico y reaviva las tensiones diplomáticas entre Israel y varios países aliados. Mientras tanto, se espera que las acusaciones sean evaluadas por organismos internacionales en busca de soluciones al prolongado conflicto.