Corte analizará vínculos de la UAEM con la Estafa Maestra
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), discutirá si el exapoderado legal de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, debe pagar los daños ocasionados por la Estafa Maestra.
En 2019, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmaron la responsabilidad compensatoria de Del Pozo por el caso de la Estafa maestra, impuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El exapoderado legal de la UAEM debe pagar 157.5 millones de pesos por el daño ocasionado y, el próximo miércoles, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentará a sus compañeros de la Primera Sala un proyecto de resolución con el que la Corte podría ponerle fin al litigio iniciado por Del Pozzo Rodríguez.
TFJA declaró que el exfuncionario cayó en omisiones al no supervisar la integración correcta y puesta en marcha de ventanillas de atención para beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores, conforme al convenio que la UAEM firmó con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en febrero de 2013.
Asimismo, realizó cobros injustificados, pues las ventanillas no fueron abiertas o lo hicieron de forma parcial, ocasionando que no se cumpliera la meta de incorporar a un millón 600 mil beneficiarios al programa.
Acusaciones hacia la UAEM
La Universidad fue acusada por la ASF, durante la revisión de la cuenta pública de 2013, de celebrar 28 convenios irregulares, pues no contaba con la capacidad para cumplir los objetivos y realizaron subcontrataciones ilegales, con 10 instancias gubernamentales.
Este esquema es conocido como la «Estafa Maestra» y de esos convenios con dependencias como la Sedesol, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre otras, la UAEM se quedó con 280 millones 268 mil 900 pesos,
El convenio más alto que firmó fue con la Sedesol, secretaría federal entonces encabezada por Rosario Robles Berlanga, por un monto total de 335 millones de pesos.