El Congreso del Estado de México aprobó penas de tres a seis años de cárcel, con posibilidad de elevarlas hasta en 9 y 11 años cuando se acumulen diversas agravantes, a quien por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, exponga, envíe, fotografíe, oferte, reproduzca, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren bajo resguardo de una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan.
Conforme al dictamen, al que dio lectura la diputada Beatriz García Villegas, esta reforma se encamina a la protección de las niñas, adolescentes y mujeres, con base en los derechos humanos, concordantes con las normas constitucionales y con el marco normativo internacional.
Esta reforma responde a los lamentables hechos relacionados con el crimen de Ingrid Escamilla ocurrido en febrero de 2020, que dieron lugar a una reforma legislativa similar en la Ciudad de México y otras seis entidades del país, conocida como ´´Ley Ingrid´´.