La Cámara de Diputados de México aprobó este jueves la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que otorga al Ejército el control de la Guardia Nacional y modifica el accionar de los militares en tiempos de paz. La reforma, que ahora será discutida en el pleno de la Cámara Baja y posteriormente en la Cámara de Senadores, obtuvo 362 votos a favor, 133 en contra y ninguna abstención.
La reforma establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) administrará la Guardia Nacional (GN), un cuerpo de seguridad con más de 120,000 elementos creado en 2019 con la premisa de mantenerlo civil. La oposición y algunos organismos han criticado la medida, advirtiendo que representa una “militarización” de los ámbitos del país. La reforma modifica el artículo 129 de la Constitución, que limita las funciones militares en tiempos de paz desde 1857, y el artículo 21, eliminando la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil.
Entre otros cambios, la reforma establece que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, la Policía y la GN, y que su personal tendrá origen militar con formación policial, adscrito a la SEDENA y ejecutando la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
La sesión comenzó con mociones de la diputada del Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, y los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), Saúl Téllez y Víctor Palma, respectivamente, para suspender la discusión de la reforma. Ballesteros afirmó que “México quiere paz y justicia”, pero “no quiere militarismo”.
La diputada de MORENA, María del Rosario, defendió que la formación de los elementos de la GN será militar, pero su acción y ejercicio serán policiales. Añadió que “la formación y disciplina de las Fuerzas Armadas garantizan su integridad y obediencia a las autoridades civiles y su lealtad a la patria y al pueblo de México”.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de MORENA, argumentó que el dictamen faculta al Congreso para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad pública.
Las labores de las Fuerzas Armadas han crecido bajo el mandato de López Obrador, quien les ha asignado tareas de seguridad pública, construcción de infraestructura, administración de aduanas y puertos, y la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya y la aerolínea Mexicana de Aviación.
En 2023, la Suprema Corte declaró inconstitucional una reforma legal del presidente para militarizar la Guardia Nacional, argumentando que “las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles”. Sin embargo, desde el 1 de septiembre, la alianza de partidos de López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, controla más de dos tercios del Congreso, la mayoría necesaria para modificar la Constitución.