El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo considera como un asunto de interés nacional, solicitó que se den a conocer todos los detalles de la denuncia presentada por el ex-director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, entorno a los presuntos sobornos utilizados para la aprobación de la Reforma Energética, además de que busca que el video relacionado con la misma, sea difundido en televisión abierta y redes sociales, mismo que Lozoya entregó a la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, afirmó que se recuperará el dinero público robado y sostuvo que si se quiere juzgar a los ex-presidentes, la decisión será tomada a través de una consulta pública, pero en todo momento se garantizará la defensa de los ex-funcionarios.
«Yo sostengo tres cosas con respecto a la Fiscalía y el Poder Judicial, pero considero que es un asunto de Estado y tengo derecho a opinar, le tengo confianza al Fiscal General, le tengo confianza al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero quiero, sin entorpecer las investigaciones ni tener una actitud injerencista, respetando la división de poderes, creo que el pueblo de México tiene derecho a conocer toda la verdad».
Los tres puntos que mencionaba son:
- Se debe de conocer todo el manejo del dinero, con la entrega de los sobornos. Que se pueda ver en redes sociales, en la televisión convencional, el video que se asegura entregó el señor Lozoya a la Fiscalía, conocer todo, porque esto ayuda a purificar la vida pública, nada de ocultar, transparencia completa.
- Dos, recuperar todo lo mal habido, que la nación recupere lo que se obtuvo de manera ilegal, extinción de dominio, esto es devolver a Pemex lo que se sustrajo, devolver a la nación todo.
- Tres, si están inmiscuidos los ex-presidentes, consulta ciudadana, que el pueblo decida si se les juzga o no. No es venganza, para que no queden dudas que no haya ambigüedades en caso de que decida que se les juzgue, ellos tienen derecho a la defensa, no es juicio sumario.
Finalmente aseguró que esto mismo debe ocurrir en el caso de Genaro García Luna, ex-secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.