El reciente informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) revela una preocupante estadística: el 10% de las mujeres a nivel mundial no tiene la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre el uso de anticonceptivos. Este problema es particularmente prevalente en países con bajos ingresos y contextos de crisis humanitaria, donde la desigualdad de género y la falta de recursos agudizan la situación.
El estudio destaca que esta falta de autonomía no solo afecta la capacidad de las mujeres para controlar sus cuerpos, sino que también las expone a riesgos significativos de salud, incluidas complicaciones relacionadas con embarazos no deseados y acceso limitado a servicios de salud reproductiva.
Los expertos subrayan que la inversión en programas de salud y derechos sexuales podría revertir esta tendencia. Proponen que con un aumento en la financiación, se podrían evitar millones de embarazos no deseados y mejorar las condiciones de vida de las mujeres afectadas.
El informe hace un llamado a la comunidad internacional para intensificar esfuerzos y recursos destinados a eliminar las desigualdades en el acceso a la salud y la educación sexual, argumentando que estas medidas no solo son cruciales para los derechos humanos, sino también para el desarrollo económico y social sostenible.