Harvard contraataca: Demanda a EU por prohibir la inscripción de estudiantes extranjeros
La Universidad de Harvard presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por impedirle inscribir a estudiantes internacionales, una decisión que afecta directamente a más de 7 mil alumnos con visa F-1 y J-1 y que ha generado incertidumbre en la comunidad educativa global. La medida, implementada por la administración de Donald Trump, revocó de forma abrupta la certificación federal del programa de estudiantes y visitantes de intercambio de la universidad, sin previo aviso ni causa justificada, según denunció la institución.
El presidente de Harvard, Alan Garber, calificó la acción como “ilegal e injustificada”, subrayando que pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos que eligieron Estados Unidos como destino para alcanzar sus metas académicas. En la denuncia, la universidad argumentó que esta revocación no solo es una represalia por su postura ante ciertos temas internos, como la gobernanza universitaria o la diversidad ideológica, sino también una agresión que impacta directamente su funcionamiento académico.
El gobierno de Trump justificó su decisión alegando un “ambiente inseguro” en el campus y la necesidad de un mayor control sobre el presunto antisemitismo. Esta acción se suma a la congelación de 2.6 mil millones de dólares en fondos federales y otras sanciones económicas contra la institución. Además, se ha advertido que Harvard no podrá patrocinar a estudiantes internacionales en los próximos semestres, lo que desorganiza por completo programas de investigación y enseñanza financiados por esta comunidad.
La demanda, presentada ante un tribunal federal en Massachusetts, busca revertir la decisión del gobierno, restaurar la certificación del programa y evitar que miles de estudiantes queden sin estatus legal. Harvard denunció también que ha invertido millones en infraestructura y programas pensados para integrar a los estudiantes extranjeros, lo que hace aún más drástica la medida federal.
Esta confrontación representa un nuevo capítulo en la tensa relación entre la administración Trump y las universidades de élite, y podría sentar precedentes clave en la protección de la autonomía universitaria frente a medidas gubernamentales que, según expertos legales, podrían tener motivaciones políticas.
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