Hasta 20 años de cárcel por robo de motos en EdoMéx
Hasta 20 años de cárcel para castigar el robo de motocicletas en Estado de México, además se considerará delito grave el robo a unidades económicas, alcanzando penas de cinco a 10 años de prisión, esto, debido a las reformas en el Código Penal del Estado de México, propuestas por las diputadas de la 60 Legislatura, Rosa María Zetina González y Karla Leticia Fiesco García.
La primer propuesta en nombre del Grupo Parlamentario de morena, establece sanciones de ocho hasta 20 años de prisión por el delito de robo de motocicletas, además de cinco años más para quien desmantele una o más motocicletas robadas, quien trafique las partes y/o uno o más vehículos robados de este tipo.
Asimismo, dicha sanción se aplicará a quien posea, custodie, altere o modifique la documentación que acredite la propiedad o los medios de identificación originales de estos vehículos, quien traslade la o las propiedades robadas a otra entidad federativa o al extranjero; además de quién utilice dichos vehículos en la realización de otros delitos, así como a quien los use en la prestación de un servicio público o actividad oficial.
Esta reforma adicionó el párrafo tercero a la fracción V del artículo 290 y modificó el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 292 del Código Penal estatal debido a que, según afirma la propuesta, este delito se ha incrementado en el país, pues las motocicletas son los vehículos de motor asegurados, más robados en México según afirma el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La segunda reforma, por parte del PAN, adicionó la fracción XXI al artículo 290 del Código Penal para que el castigo aumente cuando el robo se cometa contra una unidad económica, al imponer desde cinco a 10 años de prisión, así como una multa de una a tres veces el valor de lo robado, esto, sin que se excedan los mil 500 días-multa.
Igualmente se complementa con la modificación a la fracción VII del artículo 20 de la Ley de Seguridad estatal, para que los ayuntamientos en materia de seguridad pública, tengan la oportunidad de dictar políticas para implementar acciones coordinadas entre el ámbito público y privado a fin de prevenir actos delictivos.
Estás iniciativas se aprobaron por el Pleno de la 60 Legislatura el pasado 19 de marzo y entraron en vigor el pasado 15 de abril, posteriormente se publicaron los decretos 143 y 146, respectivamente, en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.